Menos trámites en Perú: una oportunidad que exige más rigor local, no menos

El anuncio es claro y el mensaje político, también. El Ministerio de Energía y Minas del Perú busca eliminar cerca de un centenar de requisitos de permisos en el sector minero —ya identificó 27 como candidatos inmediatos— mientras compañías chinas y estadounidenses hacen fila por proyectos de cobre que podrían sumar alrededor de un millón de toneladas anuales en cinco o seis años. Para un país donde la minería representa cerca del 12% del PBI y más del 60% de las exportaciones, agilizar la tramitación es una señal poderosa.

Pero conviene leer la letra chica, sobre todo desde la perspectiva de quienes trabajamos localmente: estudios jurídicos, firmas contables, certificadoras, distribuidores y representantes. Simplificar un trámite no significa que la responsabilidad desaparezca; significa que se redistribuye. Y cuando la responsabilidad se mueve, casi siempre aterriza en la figura local.

Esto es especialmente cierto en el acceso de equipamiento técnico. A diferencia de otros mercados de la región, Perú no cuenta con un régimen único y obligatorio de certificación eléctrica: cada categoría de producto se regula por su propio Decreto Supremo, y los ensayos deben realizarse en laboratorios acreditados bajo ISO/IEC 17025 y reconocidos por INACAL. Para un fabricante extranjero que llega atraído por la ola de inversión, el detalle no es menor: la pregunta no es "¿puedo vender aquí?", sino "¿bajo qué norma específica entra mi producto y a nombre de quién quedan las certificaciones, los informes de ensayo y las autorizaciones de postventa?".

Ahí es donde el profesional local agrega valor real. Hemos visto, en toda la región, un patrón que se repite: el fabricante, apurado por despachar, deja que su primer distribuidor tramite a su nombre la certificación, el registro o incluso la condición de importador. Funciona el primer año. Al segundo, cuando la relación comercial se tensa o el fabricante quiere cambiar de canal, descubre que la titularidad acompaña a la persona, no a la mercadería. Cambiar de socio equivale, en la práctica, a rehacer todo el andamiaje de cumplimiento.

Perú no es la excepción; es parte de un fenómeno regional. En Argentina, tras la renovación del reglamento de equipamiento eléctrico, la Declaración Jurada de Conformidad debe firmarla el importador. En Chile, la certificación SEC queda, en la práctica, ligada al RUT del importador. En dispositivos médicos, el registro suele quedar en manos del representante autorizado local. La lógica de fondo es la misma en todos lados: quien es titular del registro controla el acceso de ese producto a ese mercado.

Para los profesionales e instituciones de la región, esto abre una conversación que vale la pena tener con los fabricantes que están llegando. Primero, la del mapa regulatorio por rubro: qué DS aplica, qué laboratorio reconocido por INACAL corresponde, qué plazos reales existen. Segundo, la de la estructura de titularidad: a nombre de qué figura local conviene que queden las certificaciones y registros, de modo que el fabricante conserve control y el socio local opere con reglas claras y responsabilidades acotadas. Y tercero, la de la postventa, que en varios regímenes de certificación es un requisito de acceso, no un extra comercial.

Lo escribo también porque refleja cómo trabajamos. En ConeSur acompañamos a fabricantes —muchos de ellos del sector industrial chino— a aterrizar en mercados de habla hispana de la región, y lo hacemos desde adentro: no tocamos la mercadería ni operamos como traders, sino que cobramos por el servicio de aterrizaje y cumplimiento. Por eso buscamos activamente socios locales —estudios jurídicos, contables, certificadoras y canales— que entiendan esta lógica de titularidad y quieran construir relaciones de largo plazo con empresas que llegan a quedarse.

La ola de inversión en cobre, litio y energía es real y va a traer volumen. La pregunta para quienes operamos localmente no es si llegará el equipamiento, sino si llegará bien estructurado. Ese "bien estructurado" es, precisamente, el trabajo del profesional local. Menos trámites del Estado no significa menos rigor nuestro; significa que el rigor se traslada a donde siempre debió estar: en quién acompaña la operación con conocimiento del terreno.

Las normas y plazos citados pueden variar; prevalece siempre la publicación oficial más reciente de cada organismo.

Menos trámites en Perú: una oportunidad que exige más rigor local, no menos

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