¿Quién asume la conformidad cuando cambia la norma? El punto ciego regulatorio que los canales locales no deberían pasar por alto

En el segundo semestre de 2026, dos movimientos regulatorios que parecen no tener relación entre sí comparten, en realidad, la misma pregunta de fondo: ¿sobre quién recae la responsabilidad de conformidad cuando entra producto extranjero y la norma se mueve?

En Colombia, el RETIE completó una actualización de fondo. La Resolución MINMINAS 40284 de 2026 modificó los Libros 1 a 4 del reglamento, y el periodo transitorio previo cerró el 31 de diciembre de 2025: desde enero de 2026, los certificados de producto se emiten solo bajo las nuevas especificaciones. Hay un detalle que conviene subrayar para cualquier importador o integrador: la fecha de inicio de obra define el régimen aplicable. Las obras iniciadas antes del 1 de enero de 2026 pueden certificarse bajo la norma anterior; las posteriores, bajo el RETIE modificado. No basta con mirar si el producto "tiene certificado": la línea de tiempo del proyecto es, en sí misma, una variable de cumplimiento.

En Chile, el foco se desplazó de la certificación de producto a la conformidad de red. La CNE clarificó los criterios de la Norma Técnica de almacenamiento y convertidores: las unidades grid-forming deben poder operar en isla ante contingencias, y los proyectos que entran en operación desde el 3 de agosto de 2026 deben entregar modelos de transitorios electromagnéticos validados antes de conectarse a la red. Con un portafolio de almacenamiento que crece con fuerza en el país, el desafío técnico ya no está en el puerto, sino en la subestación.

¿Qué une a ambos casos? Que en nuestra región la conformidad —certificados, autorizaciones, trámites de conexión, respaldo posventa— tiende a quedar anclada a un sujeto local y a un procedimiento local. En la práctica chilena, la conformidad de productos eléctricos se vincula al RUT del importador, y los expedientes de la SEC suelen exigir autorización del centro de servicio posventa. En Argentina, la Declaración Jurada de Conformidad la firma el importador. Son detalles administrativos en apariencia, pero definen algo estratégico: quien figura como titular de la conformidad controla, de hecho, el acceso al mercado.

Aquí es donde los profesionales locales —estudios jurídicos, contadores, organismos de certificación, canales serios— tienen una conversación de valor que ofrecer a los fabricantes que llegan a la región. Porque el fabricante que pone toda su conformidad a nombre de su distribuidor está, sin saberlo, entregando la llave de su propio canal. Si mañana quiere cambiar de socio comercial, puede verse obligado a rehacer todo el proceso de certificación desde cero. Ese riesgo no se resuelve con una traducción de la norma: se resuelve con estructura.

Nuestra lectura, desde la operación en la región, es que la entrada ordenada de tecnología —incluida la de origen chino, hoy muy presente en energía, almacenamiento y equipamiento— no reduce la demanda de profesionales locales; la aumenta. Cada fabricante que quiere hacer las cosas bien necesita a alguien que entienda qué norma aplica, quién debe figurar como titular, y en qué paso exacto se traba el expediente. Necesita ingeniería de conexión en Chile, revisión de contratos de distribución en Colombia, estructuración de operaciones en mercados de acceso indirecto como Paraguay.

En ConeSur trabajamos precisamente en esa capa de aterrizaje —diagnóstico de acceso, sujeto habilitado para portar la conformidad, cumplimiento y custodia local, desarrollo de canal— y lo hacemos con una regla clara: no tocamos la mercadería del cliente ni vivimos del diferencial comercial; cobramos por el servicio. Esa independencia es lo que nos permite diseñar la estructura de conformidad de modo que quede bajo control del propio fabricante, y no capturada por un canal.

Por eso también estamos abiertos a construir con socios profesionales locales —estudios jurídicos, contables, organismos de certificación y canales— que compartan este estándar de trabajo. La regulación de la región se está sofisticando; el acompañamiento profesional tiene que sofisticarse al mismo ritmo.

No prometemos aprobaciones ni resultados garantizados: en materia de conformidad, quien promete el resultado delata que no conoce el terreno. Lo que sí podemos aportar es criterio antes de que el capital entre: qué norma aplica, a nombre de quién, y dónde está hoy el verdadero cuello de botella.

Las políticas pueden cambiar; este análisis debe verificarse siempre contra el comunicado oficial más reciente de cada autoridad.

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