El RETIE cambió: lo que importadores y canales en Colombia deberían revisar antes de la próxima importación
En junio de 2026, el Ministerio de Minas y Energía modificó el RETIE mediante la Resolución 40284 de 2026, con períodos de transición diferenciados para productos, instalaciones y personas. Más allá del número de resolución, lo relevante para quienes operamos localmente es un cambio de fondo que ya venía tomando forma: una gama de productos de energía — sistemas solares fotovoltaicos, inversores de corriente continua, baterías de almacenamiento, aerogeneradores y UPS — quedó dentro del alcance de producto regulado.
Esto importa porque, en paralelo, el país vive una ola de interés inversor extranjero en renovables, incluida una ofensiva diplomática reciente para atraer capital chino. Es decir: entran más equipos, de más orígenes, justo cuando el marco técnico se vuelve más exigente. Para el ecosistema local — importadores, distribuidores, EPC, estudios jurídicos y organismos de certificación — eso no es una amenaza, es trabajo nuevo y responsabilidad nueva.
El primer punto a revisar es la vía de conformidad. Durante la transición, varios de estos productos pueden demostrar cumplimiento mediante una Declaración de Conformidad del Proveedor (de primera parte). Es una puerta útil, pero conviene leerla con cuidado: es transitoria — la referencia oficial la limita a seis meses después de que se acredite un segundo organismo evaluador — y está sujeta a verificación tanto en la importación como en el mercado nacional. En otras palabras, firmar una declaración no cierra el tema; lo abre.
El segundo punto, y el más subestimado, es la titularidad. ¿Quién firma la declaración o figura como responsable del certificado? Esta pregunta, que parece administrativa, define quién controla el acceso al mercado. Lo vemos en toda la región con matices distintos: en Argentina la DJC debe firmarla el importador; en Chile, en la práctica el certificado SEC queda atado al RUT del importador; en dispositivos médicos, el registro suele quedar en cabeza del representante local autorizado. El patrón de fondo es común: cuando el certificado o la autorización quedan en manos del canal, el fabricante pierde la libertad de cambiar de canal sin rehacer el cumplimiento.
Para un fabricante extranjero que recién entra, esto es un riesgo. Para los profesionales locales, es precisamente donde está el valor: estructurar la relación de modo que la responsabilidad regulatoria quede clara, documentada y, cuando corresponda, protegida frente a cambios de distribuidor. Un importador que entiende esto se vuelve un socio más valioso; un estudio o una certificadora que lo asesora bien, también.
En ConeSur trabajamos sobre esa capa — la de la ejecución local real: constitución de entidades, titularidad de certificados y licencias, estructura de distribución y de cobros, red de posventa y repuestos. No comercializamos la mercadería de nuestros clientes ni vivimos del margen comercial; cobramos por el servicio de hacer que la operación quede bien montada desde el inicio. Y por eso estamos construyendo activamente una red de socios locales — estudios jurídicos y contables, organismos de certificación, canales y EPC — en Colombia y en el resto de la región.
Si usted trabaja en certificación, importación, distribución o asesoría legal/contable en el sector eléctrico colombiano, probablemente ya está viendo llegar estas consultas. Nos interesa conversar.
(La normativa puede cambiar; rige siempre el texto oficial y el comunicado más reciente del Ministerio.)