Nueva versión del RETIE en Colombia: el detalle que define quién asume el riesgo

El mercado eléctrico colombiano vive un momento de transición regulatoria que vale la pena mirar con atención, especialmente ahora que crece la oferta de productos y equipos eléctricos de origen asiático.
La Resolución 40284 de 2026, expedida el 23 de junio y vigente desde el 1 de julio de 2026, modifica los Libros 1 a 4 y los anexos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Llega poco después de que la Resolución 40117 de 2024 entrara en vigor el 1 de enero de 2026. En menos de un año, el marco de conformidad eléctrica se ha movido dos veces.
Para los profesionales que operan localmente —despachos de abogados, contadores, organismos de certificación, distribuidores y EPC— el punto relevante no es tanto el cambio técnico en sí, sino una pregunta que suele quedar sin definir en las relaciones comerciales: ¿quién asume la responsabilidad de la conformidad del producto?
En la práctica, la conformidad RETIE de un producto debe demostrarse a través de un organismo de evaluación de la conformidad acreditado dentro del sistema colombiano (acreditación ONAC). Esto convierte la figura del importador y responsable en algo más que un trámite: define quién responde ante la autoridad, quién figura en la certificación y, en consecuencia, cómo se reparte el riesgo cuando una relación comercial entre un fabricante extranjero y un socio local cambia o termina.
Es un patrón que se repite en toda la región, con nombres distintos. En Chile, la certificación SEC queda ligada en la práctica al RUT del importador. En Argentina, la Declaración Jurada de Conformidad debe firmarla el importador. En Colombia, la conformidad pasa por el organismo acreditado y el responsable que la respalda. La lección para el profesional local es clara: la titularidad de la conformidad no es un detalle administrativo, es una cláusula que conviene negociar y dejar por escrito desde el primer día.
Hay además un punto que conviene tratar con honestidad profesional: el texto de la 40284 de 2026 no resuelve de manera explícita el reconocimiento de certificaciones extranjeras. Por eso, antes de dar por válido un certificado internacional, lo prudente es verificarlo por categoría de producto ante un organismo acreditado. Decir "probablemente sirve" es precisamente el tipo de supuesto que luego cuesta caro.
Para quienes ejercemos en la región, este momento es una oportunidad. La llegada de fabricantes extranjeros serios necesita contrapartes locales que entiendan el reglamento, que sepan estructurar la responsabilidad y que acompañen la operación con rigor. No se trata de vender un producto, sino de construir una entrada ordenada y conforme al marco colombiano.
En ConeSur trabajamos precisamente en ese espacio: somos una plataforma de aterrizaje operativo para la industria, y estamos abiertos a construir alianzas con despachos, contadores, organismos de certificación y canales locales que compartan ese estándar de rigor.
(La normativa citada puede cambiar; consulte siempre la fuente oficial más reciente del Ministerio de Minas y Energía de Colombia.)