La puerta de entrada al mercado eléctrico colombiano es la contratación pública, no la lista de precios
En América Latina ha crecido con fuerza la oferta de fabricantes asiáticos de equipos eléctricos y de almacenamiento. Muchos llegan con una lógica de "vender producto": buscar un distribuidor, cerrar una venta, competir por precio. En Colombia, esa lógica cada vez alcanza menos. Y conviene que los profesionales locales —abogados de energía, firmas de contratación estatal, certificadoras, canales y EPC— entiendan por qué, porque ahí está el trabajo.
En enero de 2026, el Ministerio de Minas y Energía convocó, bajo el Decreto 1091 de 2025, el primer mecanismo de contratación de energía a largo plazo del país. Vale la pena mirar los detalles: contratos de hasta 15 años; una compra abierta no solo a energía limpia, sino también a sistemas de almacenamiento con baterías y a distintos productos horarios; y un diseño en el que la Bolsa Mercantil de Colombia actúa como operador logístico, con apoyo técnico del BID y el Banco Mundial y un algoritmo de asignación que busca equilibrar oferta y demanda y estabilizar precios. Lo empuja una realidad regulatoria concreta: muchos comercializadores aún no cumplen la obligación de abastecer entre 8% y 10% de su energía con fuentes limpias.
En paralelo, del lado de la transmisión, la UPME adelanta la Convocatoria 02-2026 para la nueva subestación Corzo 500 kV y sus líneas asociadas, y ha liberado alrededor de 6,3 GW de capacidad de transporte para energías limpias.
Si se unen las piezas, el diagnóstico es claro: la demanda eléctrica colombiana se está comprando de manera institucional y centralizada. No es un mercado de ventas sueltas, sino un sistema con puertas formales —la contratación de largo plazo a través de la Bolsa Mercantil, el acceso a la transmisión vía convocatorias de la UPME, y la asignación de capacidad que se solicita y se hace fila para obtener.
Esto tiene tres implicaciones que las firmas locales pueden convertir en servicio.
Primero, el almacenamiento dejó de ser un "plus" y pasó a ser una categoría dentro de las reglas. Quien asesore proyectos que combinen generación limpia, baterías y productos horarios tendrá demanda; quien solo intermedie equipos sueltos, no. Es la misma dirección que se observa en Chile (donde el vertimiento récord empuja el almacenamiento) y en Perú (donde las licitaciones de suministro piden compromiso de capacidad).
Segundo, la puerta real es la contratación pública, no el contacto informal. El valor profesional está en dominar los tiempos de la UPME y del SECOP, en gestionar la asignación de capacidad de transporte y en estructurar la participación con la antelación que el sistema exige.
Tercero, la mercancía tiene que poder entrar legalmente. El comprador y el adjudicatario son comercializadores y transmisores locales; el fabricante extranjero entra por la cadena de suministro del dueño del proyecto o del EPC. En esa cadena, el sujeto que ostenta la certificación, el RETIE emitido por un organismo acreditado por la ONAC y la red de posventa local no son opcionales. Y conviene recordar que el nuevo RETIE define al importador como "Productor para Colombia" y que los certificados extranjeros (CE/UL) no se aceptan de forma automática.
La conclusión no es que "a Colombia no se puede vender", sino que hay que entrar por la puerta correcta. Para los despachos y firmas locales, acompañar a estos fabricantes —en estructura societaria, titularidad de certificaciones, acceso a convocatorias y cumplimiento RETIE— es precisamente el tipo de alianza que este momento regulatorio abre. En ConeSur operamos sobre el terreno y buscamos socios profesionales locales para construir, justamente, esa puerta de entrada.
La normativa puede cambiar: las reglas del mecanismo, la capacidad de transporte y el cronograma de convocatorias se rigen por las publicaciones vigentes del MME, la UPME y la CREG; conviene verificar caso por caso.
Fuentes: MME (20-01-2026) ｜ UPME 02-2026 Corzo