El almacenamiento llega a Chile, y con él una pregunta incómoda: ¿de quién es el certificado?
Chile vive el año del almacenamiento. Según la Comisión Nacional de Energía, el país superará los 20.000 MWh de almacenamiento en baterías conectados hacia fines de 2026 —un incremento cercano al 67% respecto de los 8.786 MWh que hoy están en operación— y la cartera de proyectos ya roza los 40 GW. Es una de las oportunidades de mercado más claras de la región para los próximos años.
Con ese auge llega algo previsible: una ola de fabricantes internacionales —muchos de ellos asiáticos— buscando entrar al mercado chileno de BESS, inversores, celdas, tableros y equipamiento asociado. Y con ellos, una ola de consultas que va a aterrizar en los escritorios de abogados, contadores, organismos de certificación y distribuidores locales.
Aquí es donde los profesionales que operamos en Chile tenemos algo que aportar —y una responsabilidad que conviene nombrar.
El ingreso formal de un equipo eléctrico a Chile no termina en el puerto. Hay dos capas. La conexión —normas técnicas de la CNE para PMGD, el proceso ante el Coordinador Eléctrico, las declaraciones TE1/TE4 ante la SEC— y la certificación de producto bajo el sistema de la SEC. Dentro de ese sistema, la vía conocida como Sistema 6 reconoce certificados extranjeros y reduce reensayos, lo que suele ser el camino más eficiente para quien ya trae homologaciones internacionales.
Pero la decisión más determinante no es técnica. Es jurídica: ¿a nombre de quién quedan la certificación, el RUT importador y las habilitaciones?
En la práctica, es habitual que el fabricante extranjero, por comodidad o por desconocimiento, deje que su distribuidor local tramite y sea titular de esos activos regulatorios. Parece eficiente. Pero ata el acceso al mercado a la relación con ese distribuidor: si esa relación cambia, el fabricante puede descubrir que su "pasaporte" al mercado no le pertenece.
Para los estudios jurídicos y contables, los organismos de certificación y los operadores de canal de la región, esto es una oportunidad de asesoría de alto valor: ayudar a estructurar el ingreso de forma que el cliente conserve la titularidad y el control de sus habilitaciones, con vehículos locales bien diseñados y contratos de distribución que contemplen qué pasa el día que la relación termina. No es un detalle administrativo; es la diferencia entre un ingreso sólido y uno frágil.
En ConeSur trabajamos precisamente en ese cruce —entre la industria que llega y el ecosistema profesional que la recibe— y por eso estamos conversando con socios locales en el ámbito jurídico, contable, de certificación y de canal en Chile y la región. El auge del almacenamiento no necesita más intermediarios que muevan cajas; necesita estructuras bien hechas. Y eso se construye localmente.
(Las vías de certificación y los requisitos descritos pueden cambiar; corresponde verificar siempre la normativa vigente ante la SEC y la CNE.)
Las normas pueden cambiar; consulte siempre la publicación oficial más reciente.