La "eliminación" de la certificación obligatoria en Argentina: lo que realmente cambió para importadores y distribuidores
En las últimas semanas circuló una lectura simplificada: "Argentina eliminó la certificación eléctrica obligatoria, ahora se importa más fácil". La realidad regulatoria es más matizada, y entenderla bien importa sobre todo a quienes operan en la cadena local: importadores, distribuidores, estudios jurídicos y organismos de certificación.
Qué cambió. Desde 2025, Argentina reemplazó el esquema de certificación obligatoria por terceros (Res. 169/2018 y complementarias) por un marco basado en Declaración Jurada de Conformidad (autodeclaración) y fiscalización de mercado (Res. 16/2025, 17/2025 y conexas). Las resoluciones viejas dejaron de tener vigencia el 26/02/2025; los certificados emitidos bajo ellas se mantuvieron válidos, con vigilancia, hasta el 26/02/2026. Desde el 01/10/2025 es obligatorio exhibir el sello de conformidad (símbolo AR) y un código QR en el producto o su envase principal. (Los detalles deben verificarse en la Secretaría de Industria y Comercio y el Boletín Oficial.)
El matiz que casi nadie menciona. El régimen no "borró" la exigencia de seguridad: trasladó el eje desde la certificación previa por un tercero hacia la declaración del responsable y el control posterior del Estado. Y define con claridad quién es ese responsable: quien comercializa el producto en el mercado argentino. En una importación, ese sujeto es normalmente el importador local, no el fabricante extranjero.
Por qué esto es relevante para el ecosistema profesional local. El cambio redibuja la frontera de responsabilidad. El importador o distribuidor que figure como declarante asume la obligación de conformidad, la trazabilidad documental y la exposición ante la fiscalización. Esto abre trabajo de valor para estudios jurídicos y contables (estructurar correctamente la titularidad de la DJC, los contratos de distribución y las garantías), y para organismos de certificación y laboratorios, que siguen siendo necesarios para sustentar técnicamente la declaración, aunque el acto formal haya cambiado de naturaleza.
El punto estratégico de fondo. Hay una pregunta que define la relación comercial entre un fabricante extranjero y su canal local: ¿a nombre de quién queda la titularidad del cumplimiento? Quien es titular de la DJC, del registro y del código QR controla, en los hechos, el acceso al mercado de ese producto. No es un tema exclusivo de Argentina: en Chile la certificación SEC se vincula en la práctica al solicitante local; en Perú el registro de producto exige un responsable local; en dispositivos médicos el registro suele quedar en manos del representante autorizado local. En toda la región, lo valioso no es el certificado en sí, sino a nombre de quién está inscripto.
Para los profesionales que asesoran a empresas — locales o extranjeras — que entran a estos mercados, ahí está la oportunidad de agregar valor: diseñar desde el inicio una estructura donde la titularidad del cumplimiento quede en una entidad controlada por el principal, y el distribuidor se concentre en vender. Es, además, un terreno natural de colaboración entre operadores regionales y firmas locales de derecho, contabilidad y certificación.
Como operación enfocada en ayudar a empresas industriales a aterrizar correctamente en Latinoamérica hispanohablante, en ConeSur estamos abiertos a construir estas estructuras de la mano de socios profesionales locales. Si usted es un estudio jurídico, contable, un organismo de certificación o un canal con experiencia en estos regímenes, conversemos.
(Marco regulatorio sujeto a cambios; verificar siempre la publicación oficial vigente.)